El martes pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), organismo que vela por la libre competencia y que es el guardián de los derechos de los consumidores, castigó con una multa de 33.800 millones de pesos a la Organización Roa Florhuila y a cuatro de sus directivos.
La millonaria multa –la tercera más alta después de la de Comcel en el 2013, por 87.000 millones de pesos, por abuso de posición de dominio, y de los 82.000 millones de pesos de sanción a tres compañías recolectoras de basuras (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, UAESP y Aguas Bogotá), por el nuevo esquema en la capital del país– es el capítulo más reciente del complejo camino de las autoridades por atajar las prácticas indebidas de grandes compañías.
Y es que a pesar de que con la Ley 1340 del 2009 se subió, de 1.000 millones de pesos a 65.000 millones de pesos, el tope de las sanciones por cartelización, abuso de posición de dominio o cualquier otra práctica contra la libre competencia, no cesan las investigaciones por serios indicios de prácticas de este tipo.
No en vano la entidad hace investigaciones por los sonados casos de los pañales, el cemento, el papel higiénico, el azúcar y los cuadernos, cuyos fallos pueden tardar hasta dos años, aunque bajo el régimen anterior podían durar más tiempo.
Sin embargo, el superintendente Pablo Felipe Robledo considera que si bien los 65.000 millones son una multa dura para la mayoría de empresas, no lo es tanto para las de gran tamaño. En otros países, las conductas irregulares pueden ser castigadas hasta con 250 millones de dólares (más de 623.000 millones de pesos).
Por ello, la entidad presentará esta semana al estudio del Congreso un proyecto cuyo eje es el endurecimiento de las multas.
Al respecto, el estudio ‘Análisis de las multas por fijación de precios en Colombia’, de Ivonne Cárdenas, de la maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, dice que se tendrían que ejecutar multas tan altas que prácticamente quebrarían a las empresas involucradas. No obstante, Óscar Benavides, el director de la investigación, dice que si las sanciones son proporcionales a las ganancias obtenidas y se continúa con la política de delación, este tipo de prácticas (carteles) se reducirían de manera significativa.
El exsuperindustria Gustavo Valbuena Quiñones dice que aunque en el 2009 se propuso al Congreso que el tope de las multas fuera el doble del actual, es prematuro reformarlo ahora puesto que lleva poco tiempo. “La ley tiene además un castigo reputacional importante para las empresas”, acota.
Robledo explica que los casos de los siete carteles empresariales que están en etapa de investigación y en los que ya se formularon pliegos de cargos deben fallarse entre este y principios del próximo año.
El as bajo la manga de estos procesos ha sido la promoción de la figura del delator, creada para darles beneficios a quienes colaboren eficazmente en las investigaciones. “A nivel mundial, es el mecanismo más efectivo para luchar contra estas prácticas ilegales”, agrega.
Aunque la combinación de multas y delación cambió la historia de la lucha contra las restricciones, Robledo insiste en seguir enviando un mensaje a las empresas que se hayan cartelizado, para que se comuniquen con las autoridades.
No obstante, la liga de consumidores Defendemos dice que la capacidad de la SIC se desbordó, pues pasó de atender de 15.000 a 60.000 casos anuales de consumidores. “Los procesos se están desacelerando. Lo que hace dos años tardaba entre cuatro y seis meses en resolverse está tomando dos o un poco más”, asevera Susana Barco Ramírez, una vocera del organismo.
Tras la crítica de congestión de casos ante la SIC, por parte de ligas de consumidores, y ante las solicitudes para promover más instancias como las conciliaciones.
Pablo Felipe Robledo, el Superindustria, dice que hay herramientas diversas para solucionar los casos directamente con las empresas. Tanto así que solo 30 por ciento de los que surgen van a la SIC.
Y agrega que de las 60.000 quejas anuales que recibe la entidad, dos terceras partes están relacionadas con conflictos de usuarios con firmas de telecomunicaciones. No obstante, cree que pueden reducir los tiempos de respuesta.
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